A diferencia de los Juicios a las Juntas Militares de la última dictadura argentina, en 1985, o los Juicios de Núremberg a los nazis, entre 1945 y 1949, no hubo una instancia similar de juzgamiento a los responsables de implementar políticas y prácticas genocidas contra los pueblos originarios. Esto por una sencilla razón: nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares de fines de siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado Nacional. «Hay una continuidad hasta nuestro presente», explicó a La Flecha (Radio Estación Sur FM 91.7) el historiador y antropólogo Walter Delrío, co-director de la Red de Estudios Sobre Genocidio en la política indígena argentina y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro.
A posterior de la conquista militar de las tierras pampeano-patagónicas y chaqueñas el Estado construyó un discurso de negación de la realidad indígena del país. El crisol de razas negó lo originario. La invisibilización fue una estrategia de dominación, fue lo que permitió el desarrollo de distintas prácticas genocidas, como el traslado masivo de personas, la separación de familias y la supresión de la identidad de menores, la utilización de prisioneros como mano de obra esclava y la reducción en campos de concentración.
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